La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, hizo balance hoy, en rueda de prensa, de su gestión en el área de Políticas Sociales en los dos últimos años, período en el que se han construido los pilares para reducir la desigualdad y lograr un territorio más cohesionado y más justo. Un dato que pone de manifiesto el avance en la gestión es que, según el informe AROPE publicado en 2018, 90.000 personas abandonaron el riesgo de exclusión social en 2017. Se trata, según los propios investigadores, del mejor desempeño de todas las regiones, lo que ha llevado a las Islas, incluso, a valores inferiores a los que registraba antes de la crisis. “Aún así, somos especialmente conscientes y sensibles con la dura realidad que viven muchos canarios y sabemos que queda muchísimo camino por recorrer, pero creemos que estamos dando los pasos adecuados para lograr que la brecha social que se acrecentó con la crisis, y que está íntimamente relacionada con los problemas estructurales de Canarias, comience a revertirse”, señaló.
Valido aprovechó el encuentro con los medios para rendir cuentas de su gestión en este ámbito en los dos años que ha estado al frente de la Consejería (enero 2017- enero 2018), período en el que “se han tomado todas las decisiones pensando en combatir la desigualdad”. La consejera apuntó que los acuerdos de Concertación Social para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se convierta en una Renta Canaria de Ciudadanía es una de las reformas más ambiciosas que se han planteado en los últimos tiempos en el Archipiélago, porque, entre otros avances, significará que “alrededor de 30.000 familias con menores a cargo tendrán unos ingresos de subsistencia de forma permanente siempre que cumplan los requisitos para ello”.
Cabe señalar que ya en 2017 se aprobó un nuevo decreto que ampliaba los perfiles incorporando a las personas sin hogar, procesos de desahucios, situaciones sobrevenidas por razones de fuerza mayor, accidentes de trabajo o estragos que impidan vivir en la residencia habitual, víctimas de maltrato; unidades de convivencia con menores bajo medidas de protección, que las actividades de inserción puede ser un refuerzo para la integración social de los menores; unidades familiares en conflictos de convivencia; imposibilidad con carácter temporal de acceder a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar.
Para este 2019 también se ha incrementado el presupuesto para la PCI en casi 7 millones de euros con respecto a 2017 – se pasa de 53 a 57 millones- y la cuantía, estableciéndose en 486,90 para una una persona y 679,10 la máxima, y otorgando financiación a los municipios para reforzar su personal. Este aumento presupuestario incluye un importante refuerzo en partidas para que los ayuntamientos contraten a personal que tramite las ayudas y que desarrolle programas de inserción personalizados.
Asimismo, a través de la orden de subvenciones se han puesto en marcha programas experimentales de acceso al mercado de trabajo para perceptores de estas ayudas. La inserción laboral para este colectivo se ha elevado en más de seis puntos, pasando de un 10% en 2016 a un 16,33% en 2018, “siempre entendiendo el grado de dificultad de integración de personas con un muy bajo nivel de cualificación y con escasas habilidades para el empleo”.
Valido subrayó, además, la “magnífica coordinación con los ayuntamientos canarios” y destacó que se han firmado diferentes protocolos para el reparto de fondos destinados a mejorar la gestión y los plazos que permitirán una mejora notable en la gestión municipal de la PCI con mayor capacidad y ritmo para ello”.
En el ámbito de la financiación municipal, para la primera y urgente atención al ciudadano por parte de los ayuntamientos, se han rubricado diferentes protocolos con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el plan concertado de prestaciones básicas, ayudas para emergencia social o programas contra la pobreza infantil que, “en su globalidad, han crecido en el presupuesto en un 60% desde 2017”. De esta forma, el departamento que dirige Cristina Valido cumple así con su compromiso de garantizar la financiación necesaria para que los ayuntamientos, primera puerta de entrada de los ciudadanos, tengan recursos suficientes para dar cobertura a situaciones de emergencia y garantizar la atención de personas y familias necesitadas de prestaciones y servicios varios para poder vivir dignamente.
Se han puesto en marcha actuaciones en empleo, vivienda y ayudas asistenciales, además de impulsar iniciativas legislativas – como la Ley de Servicios Sociales – que tienen potencial para que, a medio y largo plazo, se acometa una transformación permanente en las condiciones de vida de los canarios, como la modificación de la PCI para su conversión en una Renta Canaria de Inclusión.
Estrategia para combatir la soledad de las personas mayores
Combatir la soledad de las personas mayores y promover un envejecimiento activo también ha sido uno de los empeños del equipo de esta Consejería. El comportamiento demográfico sugiere que en los próximos años seguirá creciendo la población mayor de 65 años en las Islas, lo que supone un reto sin precedentes.
Para atender esta transformación, la Consejería ha impulsado una estrategia que va desde la adecuación de los espacios que son usados por el colectivo hasta la mejora de los recursos a los que acceden y la puesta en marcha de nuevos servicios. Así, Valido informó que se han realizado obras de mejoras en 6 de los 24 centros de mayores de titularidad del Gobierno y ya hay proyecto de obra con presupuesto determinado para otros diez. Además, se han mejorado los talleres y actividades, apartado en el que destaca la incorporación de programas novedosos, como el de terapia musical en los 24 centros de mayores del Gobierno y la celebración de encuentros lúdico-culturales para mayores en todas las islas.
En la misma línea, se ha reforzado el teléfono de soledad de los mayores, creado en 2016, logrando que se incremente en un 50,8% el número de usuarios. Así, en 2018 fueron atendidos 3.310 personas y se llevaron a cabo 150 intervenciones familiares.
Por lo que respecta a las tutelas de personas mayores y personas con discapacidad, el Gobierno ha pasado de tutelar a 23 personas mayores o con discapacidad en 2016 a 139 en la actualidad y 39 más pendientes de resolución judicial. Para ello, se realiza la suscripción de convenios, encomiendas o subvenciones a entidades sociales tutelares que permitan la ejecución garantista de la Acción Tutelar Judicial Del Gobierno de las Personas Mayores y con Discapacidad incapacitadas y sin protección en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Subvenciones
Otra línea de actuación muy novedosa, esta incluida en el plan estratégico de subvenciones del departamento, ha sido la atención domiciliaria para personas mayores no dependientes que se encuentren con problemas de soledad en los núcleos rurales “para conectarlas con los centros de mayores y que se motiven para realizar las numerosas actividades que allí se realizan”.
Valido, que realizó un amplio recorrido por las acciones que se han venido desarrollando en el área de políticas sociales, explicó que su departamento ha llevado a cabo con éxito dos órdenes de subvenciones en concurrencia competitiva:
1) Las convocatorias genéricas de la Dirección General de Políticas Sociales. En 2018 se concedieron 199 subvenciones por un total de 4,9 millones de euros, 2,3 más que lo presupuestado en 2017. Fueron destinadas a programas de mayores, inmigración, voluntariado o inclusión social.
2) La convocatoria del IRPF, publicada en el BOC del 5 de diciembre de 2018: está dotada con un presupuesto de 6,9 millones de euros, lo que significa 1,7 más con respecto al año pasado. Se han presentado más de 200 solicitudes que en este momento se están valorando para su concesión provisional. Los proyectos son ejecutables durante 2019 y justificables en 2020. Se desarrollarán proyectos para inmigrantes, mayores, voluntariado, prevención de drogodependencias, atención a la discapacidad y apoyo a las familias, entre otros.
Actuaciones LGTBI
Los pasos dados en la ciudadanía del colectivo LGTBI harán de Canarias un territorio con más igualdad. En estos dos años se han incluido las subvenciones a los colectivos LGTBI para unidad de atención integral para población LGTBI a diversas entidades, dando valor a las nuevas acciones que actúan especialmente en la Tercera Edad LGTBI.
Se ha trabajado en la elaboración de los protocolos en materia de educación, empleo, sanidad, guía de actuación en los medios de comunicación, y formación en atención a menores transexuales en edades tempranas, para lo que se han articulado distintas mesas de trabajo. Pero quizás lo más destacable, según Valido, es el trabajo realizado con los colectivos, desde la participación en el borrador de la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de género, expresión de género y características sexuales, “un texto que incorporará las medidas necesarias para garantizar y proteger el ejercicio pleno la libre autodeterminación del género, sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”.
Ayudas a pensionistas canario-venezolanos retornados
El año pasado, el Gobierno de Canarias, ante la dramática situación que vivían numerosos pensionistas canario-venezolanos que habían retornado a las Islas y no seguían recibiendo la pensión a la que tenían derecho, articuló una ayuda, incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018. Esta ayuda fue tramitada a 523 ciudadanos, y fueron desestimadas 264 y estimadas 259. El presupuesto destinado a abonar esta prestación ascendió a 1,3 millones de euros.
Se consideraron personas beneficiarias de las ayudas económicas transitorias previstas, las personas físicas definidas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, y que reunieran las siguientes condiciones: ser pensionista emigrante canario – venezolano retornado; tener reconocida pensión de jubilación por la República Bolivariana de Venezuela; que a 31 de diciembre de 2015 acreditaran tener cumplidos los 65 años de edad y se hallaren empadronadas o y que en la actualidad mantengan la situación de residencia permanente en Canarias, conforme dispone el artículo 7.1, requisito 1º letra a) de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, es decir, que dentro de los cinco años anteriores a la solicitud hubieran tenido la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias, al menos, durante tres años. El Gobierno canario, a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, ha reeditado la ayuda este año.
Adquisición de viviendas para personas en situación de emergencia habitacional
El Gobierno de Canarias continúa dando pasos para ampliar los recursos habitacionales y atender las necesidades ciudadanos. Así, está previsto que la empresa pública Visocan adquiera alrededor de 180 viviendas localizadas en islas y municipios con mayor demanda registrada, es decir, en Tenerife -Santa Cruz y La Laguna-, Gran Canaria -Las Palmas y Telde-, Fuerteventura y Lanzarote.
La adquisición se realizará mediante un concurso público que saldrá en los próximos días, previsiblemente el lunes.
Las viviendas se destinarán al programa Canarias+ViviendasXFamilias, que proporciona soluciones temporales a personas vulnerables en situación de emergencia habitacional.
