La adjunta especial de Igualdad y Violencia de Género del Diputado del Común, Beatriz Barrera, se reunió con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, para informarle sobre las dos quejas de oficio abiertas por la Institución a partir de la noticia publicada en los medios de comunicación respecto a la las listas de espera en la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFIS) de Las Palmas que llegaban hasta el año 2020 y la deficiencia del Servicio que prestado por la empresa Godoy a dicha Unidad.
Barrera afirma que tras la reunión y, respecto a las listas de espera, el director general ha adelantado el compromiso de incorporar varios psicólogos que permitirán el adelanto de las citas. En lo que se refiere a los servicios prestados por la empresa Godoy, desde la Dirección General informan que dicha empresa no presta ningún apoyo a las UVFIS porque se trata de funciones que desde los Institutos de Medicina Legal se considera que no deben ser externalizadas, aunque sí ofrecen otras peritaciones tanto a los IMls como a los órganos judiciales y fiscales de Canarias.
“Desde el Diputado del Común -reitera la adjunta- hemos concluido la investigación, recomendando que en la nueva licitación de este servicio se contemplen, no sólo los criterios de evaluación económica, sino de calidad y formación especializada de los medios humanos, así como la calidad de la prestación del servicio. Desde la Institución queremos potenciar el papel de mediación que llevamos a cabo entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Es de vital importancia estar en contacto con los representantes de las administraciones y trabajar en conjunto por el bienestar de los canarios”.
El director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, por su parte afirma que «considerará la incorporación de esas recomendaciones en los próximos pliegos de contratación ya que supondrá una mejora del servicio que debemos prestar a los órganos judiciales y fiscales, y por consecuencia el usuario verá mejorados sus derechos». Mientras tanto ofrece toda la colaboración de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para corregir las deficiencias que pudieran existir en la prestación de este servicio; recordando «la continua colaboración con los órganos judiciales y fiscales en dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios para que puedan prestar adecuadamente su trabajo».
