Gobernar con mayoría absoluta no siempre garantiza la aprobación de un presupuesto. Prueba de ello es el Ayuntamiento de Los Silos, donde el Partido Socialista (PSOE), pese a tener la mayor representación en la Corporación municipal en los últimos cuatro mandatos, lleva siete años con las cuentas prorrogadas. Las últimas en aprobarse fueron las de 2011.
El alcalde, Santiago Martín, lo justifica en las dificultades que ha habido con el pago a proveedores y la deuda financiera y bancaria a las que tuvo que hacer frente el Consistorio. En 2012, la primera ascendía a 6,2 millones, una cifra que se redujo a 3,6 en 2017. La auditoría elaborada este último año por el Fondo Canario de Financiación Municipal reflejó un superávit de 1.022.000 euros, un dato que indica una recuperación económica.
“Todo ello ha coincidido con el proceso de crisis económica que ha hecho difícil poder cuadrar un presupuesto en los años anteriores. Es una situación extraña pero no anormal”, declara el mandatario.
Asimismo, asegura que a día de hoy se trabaja con un borrador que recibió la semana pasada y confía que dentro de algunas semanas se pueda llevar a Pleno el presupuesto del ejercicio 2019 para ser aprobado.
Descarta que ello se deba a las prisas electorales. “Lo hacemos porque podemos estructurarlo de forma realista y afrontar los pagos, aunque aquellos que me dicen que no hemos podido hacerlo en tiempo y forma, ahora me dirán que es por las elecciones”, apostilla.
El regidor municipal sostiene que “ha pasado el tiempo y estamos ante esa oportunidad de presentar un documento que se pueda aprobar y que sea ejecutable y realista”.
Aunque confiesa que le hubiera gustado contar con el documento técnico los años anteriores, aclara que la prórroga “es un elemento legal que no ha generado ninguna dificultad añadida a la hora de trabajar, más allá de elevar a Pleno las propuestas de modificación, aunque es un elemento interesante porque el resto de grupos políticos participan en la toma de decisiones”.
Martín precisa que en un año el municipio redujo su población y se quedó con unos 500 habitantes menos y eso supuso la pérdida de entre 50.000 y 60.000 euros mensuales, un factor al que sumaron otros como la crisis, los controles por parte del Gobierno central y el cumplimiento de la regla de gasto.
Ya el año pasado, el Consistorio redujo la deuda al liquidar una operación de tesorería al completo, pasando así de siete millones a tres. “Por eso ahora estamos en disposición de generar un documento real”, insiste.
Fuente: Diario de Avisos (Gabriela Gulesserian)
