La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno del desarrollo del Plan Canario de Nuevas Infraestructuras Educativas, por un importe en torno a los 507 millones de euros para el periodo 2018-2025, donde se incluyen las partidas para obras de mejora de los centros educativos ya existentes.
El objetivo del Plan es aumentar la calidad general de las instalaciones, por lo que no se actuará solo en la creación de centros nuevos, que se realizan de acuerdo a los Códigos Técnicos de la Edificación vigentes en cada momento y cumplen con todas las exigencias educativas del momento de su construcción, sino también en los actuales.
En rueda de prensa posterior al Consejo, Soledad Monzón señaló que “como en todas las políticas educativas, en la de infraestructuras no hemos querido dejar atrás a nadie y por eso hemos adoptado una serie de medidas que favorecen la equidad, de forma que los centros que ya existen puedan ir mejorando. El objetivo es que el alumnado disponga de las mismas comodidades y servicios, al margen de que se escolarice en un centro nuevo o no”. La consejera apuntó que en Canarias hay 990 centros educativos públicos de todos los niveles y tipos de enseñanza y que, de ellos, más de 350 tienen más de 40 años.
Para elaborar el Plan, se ha analizado la evolución de los centros desde 1.983, el año en el que se transfirieron las competencias a la Comunidad Autónoma, y desde el que la población de las Islas ha aumentado un 40 por ciento, con la consiguiente obligación, sobre todo en periodos concretos, de construir con rapidez nuevas aulas, que permitiesen la escolarización.
La consejera explicó además que en los documentos consultados para la elaboración del Plan se describe la situación de la planta educativa canaria en el momento del traspaso de competencias como insuficiente para atender a la demanda y que ya por entonces contaba con centros deteriorados, aulas desdobladas y antiguas, baja escolarización en enseñanzas no obligatorias, un desigual reparto del alumnado por zonas y un equipamiento escaso.
Monzón señaló que, en menor medida, persisten problemas similares en la actualidad y recordó que, en el periodo 2012-2016, no se contó con la aportación estatal que se venía produciendo desde la transferencia de competencias. “Eso se tradujo en que, sin los 42 millones de euros anuales del PIEC, el esfuerzo inversor en infraestructura educativa se vio muy afectado, por no decir que se paralizó”-afirmó.
Esta Legislatura, la Comunidad Autónoma ha podido ir aumentando las dotaciones con recursos propios, de forma que en la actualidad hay en construcción, licitación o con el proyecto y los fondos aprobados para su licitación doce centros nuevos. De ellos, cinco son Centros de Educación Infantil y Primaria, uno es un Centro de Enseñanzas Obligatorias, dos son Institutos de Enseñanza Secundaria y cuatro son Centros Integrados de FP.
Para poder continuar por esa senda, la consejera explicó que el Pan de nuevas Infraestructuras Educativas parte de la legítima previsión de que se dispondrá de la colaboración de todas las administraciones con competencias en la materia.
Por un lado, señaló al cumplimiento de los municipios en las tareas de conservación y mantenimiento de los CEIP, que permitirá que exista menos deterioro estructural y que, por lo tanto, la Comunidad Autónoma tenga que desviar menos partidas de las obras a atender esos problemas.
Por otro lado, indicó que el año pasado la Comunidad Autónoma recuperó 10 millones del PIEC y 2 adicionales para el IES Saulo Torón, en Gáldar. En los presupuestos de este año hay consignados otros 2 para ese centro y, finalmente, se ha recuperado la totalidad de los 42 millones del PIEC. Aunque todavía el Estado no ha concretado la firma del convenio, Soledad Monzón se mostró convencida de poder firmarlo en breve y contar con facilidades para su ejecución. “La recuperación de las plurianualidades del PIEC”-señaló- “nos permitirán atender la planificación que hoy presentamos”.
Para finalizar, la consejera detalló los objetivos que se han definido en el Plan, tanto en obra nueva, como en rehabilitación y mejora. Estas últimas actuaciones se dividen en cinco categorías de obras: de accesibilidad, para mejorar los desplazamientos y el uso de los diferentes servicios de los centros; de embellecimiento y mejora, como las reparaciones estructurales; la dotación de cubiertas y zonas de sombra, para resguardar al alumnado de la fuerte exposición solar o de la lluvia y el viento, según el caso; retirada de fibrocemento; y sustitución de aulas modulares por obra definitiva, donde sea necesario.
Durante su comparecencia, Soledad Monzón especificó también que esta partida incluye las actuaciones en Residencias Escolares, en consonancia con el Plan de Revitalización que aprobó el Gobierno y que permitirá dar un uso mucho más intensivo a estos inmuebles. No sólo como residencia temporal del alumnado, sino a disposición de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Como resumen final, la consejera señaló el Plan de Nuevas Infraestructuras Educativas permitirá modernizar todos los centros de Canarias y atender la demanda creciente, prevista sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y aportó las cifras globales que se plantean.
Así, el Plan prevé construir, hasta 2025, 4.325 plazas de Infantil más; 8.825, de Primaria; 6.000, de Secundaria; 1.225, de Bachillerato; y 2.600, de FP, para un total de 22.975 nuevas plazas, a cubrir dentro de 7 años.
