El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el decreto por el que se regulan las medidas para la aplicación de normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de Protección Civil en las playas y otras zonas de baño marítimas de Canarias.
Si bien corresponde a los ayuntamientos adoptar las medidas de seguridad y salvamento en playas y zonas de baño, la nueva norma configura, en el marco de las competencias en materia de Protección Civil del Ejecutivo, un sistema integral de protección, de manera que se prevengan y minimicen los riesgos de accidentes.
El objetivo del decreto es regular una nueva política de seguridad a través de la adopción de medidas de información, vigilancia, planificación e intervención en el litoral.
En la nueva norma, las playas se clasifican como libres, peligrosas o de uso prohibido. En las playas peligrosas o libres se determinará el grado de protección para cada una de las temporadas de afluencia, que podrá ser bajo, moderado o alto. Dicho grado de protección será el resultado de combinar el criterio de la afluencia de personas con el riesgo intrínseco de la playa, según los criterios establecidos en el propio decreto. Si es moderado o alto, la playa deberá contar con el correspondiente Plan de Seguridad y Salvamento elaborado por el ayuntamiento.
Para prestar apoyo técnico a los consistorios en esta tarea, la Dirección General de Seguridad y Emergencias puso en marcha la plataforma web www.infoplayascanarias.es, en la que ya se han registrado 56 de los 77 municipios costeros de Canarias.
El decreto contiene el Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias como instrumento al servicio de las diferentes administraciones públicas y de la ciudadanía en general. Este catálogo permitirá conocer los diferentes tipos de playas y otras zonas de baño marítimas conforme a su clasificación, sus características físicas, los grados de protección por temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de Protección Civil.
Las medidas del decreto llevan aparejada la financiación dentro del Fondo Canario de Financiación, que se incrementa y consolida este año en 30 millones de euros para competencias municipales que son de interés general para el Gobierno, competencias enumeradas en los Presupuestos de 2018, entre las que se encuentran las medidas de seguridad en playas y zonas.
