El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes la autorización del gasto plurianual 2018-2021 de los convenios para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y/o discapacidad. Los convenios, que se suscriben entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos insulares, oferta todos los servicios de la cartera detallada en la Ley 39/2006, lo que permitirá que cada institución insular ofrezca en su ámbito territorial el mayor abanico de posibilidades a las personas que permanecen en sus listas de espera, así como complementar la atención de las personas que ya están en sus centros. Un sólo convenio por Cabildo insular que unifica los procedimientos acuerdos y adendas que se firmaron el año pasado, que fueron un total de 21.
Estarán financiados con un importe global que asciende a 448.344.420 euros por parte del Gobierno, más la aportación insular. En concreto, para el 2018, el Ejecutivo canario destinará un global de 104.395.922 euros, lo que supone un incremento en la aportación con respecto a 2017, de un total de 27.126.468 euros.
En concreto, el gasto plurianual se distribuye de la siguiente forma: 104.395.922 euros en 2018; cifra que se incrementa hasta 114.972.560 euros en el año 2019; para el 2020, este gasto será de 114.487.969 euros y para el 2021, de 114.487.969 euros, ascendiendo, el gasto plurianual, a un total de 448.344.420 euros. Está prevista la revisión y ampliación del gasto de los convenios en 2020 porque ya entrarán en funcionamiento algunos de los centros del II Plan de Infraestructuras
El carácter plurianual del gasto permite dar respuesta a una demanda histórica de los Cabildos insulares, indicó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, “ya que permite dar estabilidad a la financiación tanto a la contratación del personal como a la financiación de los servicios y recursos incluidos en estos convenios”. Este cambio provocará efectos tremendamente positivos en la planificación continua de los recursos a medio y largo plazo y dota a los cabildos de herramientas suficientes para gestionar los recursos con la perspectiva de mejorar la atención, rentabilizar al máximo la ocupación de cada plaza y elevar el número de personas atendidas. Además, para abordar el Programa Individualizado de Atención (PIA), se ha incluido como objeto del convenio la posibilidad de que se pueda contratar personal técnico y administrativo que realice estas actuaciones para garantizar que las personas que esperan ser atendidas cuenten con su reconocimiento en el menor tiempo posible.
Además, se recupera el módulo sanitario, con la aportación por parte del área de Sanidad del Gobierno de 12 millones de euros extra para completar la financiación de las plazas de alto requerimiento.
Los convenios estipulan una revisión anual que supondrán el crecimiento de un 10% en la financiación de las plazas para 2019, que incluye la revisión de precios con arreglo al IPC.
Más de 10.670 plazas, 485 plazas más que en 2017
Con esta inversión, se proporciona estabilidad a la financiación de un total de 10.670 plazas, lo que supone un incremento en el número de plazas con respecto al convenio de 2017, de 485 plazas. Del global de plazas, 10.670, 5.473 tienen carácter residencial y 5.197 son de estancia diurna. Por sectores, la atención de personas mayores dispondrá de 5.054 plazas y 5.616 plazas serán para la atención de personas con discapacidad.
Asimismo, se financian 420.900 horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía personal.
Igualmente, este año en los convenios se incorporan, por vez primera, un total de 422 plazas de teleasistencia, tanto para mayores como para personas con discapacidad, que se incluyen en el convenio de Gran Canaria. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma financiará plazas de teleasistencia, mediante un convenio específico con Cruz Roja, en toda la Comunidad Autónoma de Canarias.
Gasto plurianual por islas
Por islas, se contempla un gasto para la plurianualidad 2018-2021 por parte del Ejecutivo canario de 189.678.230 euros para la isla de Gran Canaria; 6.454.132 euros para Fuerteventura; 27.177.053 euros para Lanzarote; 192.388.953 euros para Tenerife; 25.978.604 euros para La Palma; 6.214.861 euros para La Gomera y 3.609.107 euros para El Hierro.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.
El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.
Estos convenios tienen por objeto articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y los Cabildos Insulares para la prestación de los servicios de centro de día y de noche, así como de atención residencial (residencias, viviendas tuteladas y hogares funcionales) y de promoción y prevención de la autonomía personal, incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios, concertados o conveniados por los referidos Cabildos Insulares, a las personas mayores o con discapacidad que tengan reconocida la situación de dependencia, una vez se hayan determinado los cuidados sanitarios, en su caso, y se les hayan asignado dichos servicios en el Programa Individual de Atención.
