Los sindicatos cuantifican en 2,5 millones la deuda del Ayuntamiento de Icod con el personal

Icod de los Vinos

Los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos (UGT, Intersindical Canaria, STAP Canarias y Comisiones Obreras) firman un comunicado de prensa conjunto en el que aseguran que el consistorio debe a sus empleados un total de 2,5 millones de euros «por atrasos salariales desde 2017, cumplimientos de sentencias desde 2015 y abono de conceptos sociales, también desde el año 2105». UGT, IC, STAP y CCOO convocaron el día 12 una asamblea general de trabajadores para «analizar esta delicada situación, así como para determinar las acciones a emprender en caso de que no haya reacción por parte de la administración local». A la asamblea fue invitado el Gobierno local, y acudió en su representación la concejala de Personal, Mercedes Vera.

La representación de los trabajadores solicitó que «la gestión política de personal se ejerciera en el ayuntamiento y no en los tribunales». A su juicio, «no es bueno ni para la administración ni para sus trabajadores que los desencuentros se diriman en los tribunales sino a través de la negociación». Para los sindicatos, «los tribunales son el último recurso y, desde hace años, se ha planteado como el único».

Mesa de negociación

El día 9 de diciembre se ha convocado una mesa general de negociación. Los sindicatos reconocen que la deuda «no es un problema generado por el actual gobierno (CC-Cs), aunque sí por todos aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno desde el año 2007».

«Unos más, otros menos, han sido responsables de la nefasta y errática gestión en materia de personal. Tal es así, que en la actualidad el ayuntamiento mantiene cinco sistemas retributivos diferentes. El principio de a igual trabajo, igual salario desapareció hace años del ayuntamiento. Restablecer una misma unidad salarial por categorías, grupos o funciones será altamente complicado, pero es lo justo y necesario», plantean.

La asamblea de trabajadores del consistorio icodense decidió por unanimidad que, en caso de que a fecha de 31 de diciembre del presente año no estén actualizadas las nóminas, así como reconocidas las prestaciones sociales y atrasos salariales desde el 2015, se comunicará estas irregularidades a la autoridad laboral competente y a la Seguridad Social, «entre otras acciones por determinar».

Fuente: El Día