Hacienda retiene fondos a un total de 18 ayuntamientos canarios por bloquear su control, entre ellos Icod

Icod de los Vinos/Información regional

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias, que depende de la Consejería de Hacienda, tiene que retener fondos a 18 ayuntamientos de seis de las siete islas -todas menos El Hierro- por entorpecer su fiscalización. Los 18 consistorios desoyeron los dos avisos de la Audiencia de Cuentas, que ya ha dado parte de la actitud obstruccionista de estos ayuntamientos al Parlamento de Canarias. Tanto estas entidades como también una docena de mancomunidades incumplieron el deber de remitir al órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma los convenios suscritos en 2017 y 2018 -en la mayoría de los casos- o información necesaria para el control del sector público local. En definitiva, han impedido que la Audiencia de Cuentas pueda llevar a cabo sus investigaciones.

El pasado 29 de enero, el órgano que preside Pedro Pacheco comunicó a un total de 22 ayuntamientos que la Consejería de Hacienda les retendría desde ese mismo instante un 2% de los pagos que les correspondan con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Entran ahí desde los dineros del Fondo Canario de Financiación Municipal hasta, por ejemplo, las subvenciones. Es decir, la Dirección General del Tesoro congela dos de cada cien euros que se transfieran de las cuentas de la Administración autonómica a las de esos ayuntamientos. La mayoría de los 22 consistorios incumplieron la obligación legal de colaborar con la Audiencia de Cuentas por no remitir información de convenios firmados en los dos últimos años. Fueron menos, un total de cinco, los que entorpecieron la fiscalización del sector público local correspondiente al 2017, que es la investigación de mayor envergadura sobre la salud financiera y contable de los ayuntamientos y sus organismos dependientes.

En concreto, la institución que preside Pacheco dirigió dos comunicaciones a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias. Una con la lista de los ayuntamientos, un total de 19, que hasta ese día no habían suministrado la información sobre convenios requerida por la Audiencia. Figuraban aquí los consistorios de Agaete, Antigua, Arrecife, Artenara, La Matanza de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Santa Brígida, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana, Santiago del Teide, Icod de los Vinos, Pájara, Puerto de la Cruz, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Valle Gran Rey, Teguise, Tacoronte y Tazacorte.

En la otra comunicación figuran los cinco ayuntamientos que entorpecieron la fiscalización del sector público local. Son los de Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Tinajo, Santa Brígida e Icod de los Vinos. Es decir, estos dos últimos -Santa Brígida e Icod de los Vinos- figuraban en ambas listas, de modo que obstruyeron las actuaciones del órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma tanto en la investigación de los convenios como en la del sector público local.

De esos 22 consistorios, hasta 18 siguen en la lista negra. O al menos seguían hasta el viernes. Continúan, por tanto, sometidos a la retención del 2% de los pagos. Solamente cuatro ayuntamientos han enviado la información requerida y han cumplido el deber legal de colaborar con la Audiencia de Cuentas. Lo hicieron tarde y tras verse incluidos en la lista negra, pero al menos han corregido. Los cuatro municipios que se pusieron las pilas tras llegar sus expedientes a la Dirección General del Tesoro son los de Artenara, La Matanza de Acentejo, Pájara y Tacoronte. Siguen por tanto sometidos a la pérdida de dos de cada cien euros que les transfiera la Consejería de Hacienda -dinero que no recuperarán hasta enmendar su incumplimiento legal- seis ayuntamientos de Gran Canaria, cuatro de Tenerife, tres de Lanzarote, dos de Fuerteventura, dos de La Palma y uno de La Gomera.

Mancomunidades

Los obstáculos que tienen que superar los auditores públicos por culpa de instituciones obligadas a colaborar también se dan en los casos de las mancomunidades. En estos momentos hay alrededor de una veintena de este tipo de entidades -organismos en los que se integran varios ayuntamientos para prestar un servicio común a sus municipios- sometidas a retención por parte del Tesoro. Con todo, seguramente el número sería mayor, tanto en el caso de los ayuntamientos como en el de las mancomunidades, de no ser porque se modificó la ley precisamente para incluir la retención de fondos como medida coercitiva.

El viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier Armas, explicó que la medida está funcionando. De hecho, el representante del departamento que dirige Rosa Dávila lamenta que «normalmente» es esta la única forma para que las instituciones cumplan su obligación. Armas agregó que la retención del 2% de los fondos es «inmediata», y estas cantidades no se descongelan hasta que la propia Audiencia de Cuentas levanta el reparo. La retención se lleva a cabo sobre cualquier libramiento de fondos, incluidas las subvenciones.

Cabildos

La Audiencia de Cuentas también ha tenido que avisar a cinco de los siete cabildos insulares por no remitir documentación necesaria para la fiscalización de los convenios que han suscrito. En concreto se trata de los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. En este caso se trata de la última comunicación que el órgano fiscalizador remite a las instituciones cuando acaba el plazo para la presentación voluntaria de la información, presentación que, además, se hace por vía telemática. La Audiencia de Cuentas remite entonces, como ya ha hecho en los casos de estos cinco cabildos, el llamado requerimiento conminatorio. Una vez que este requerimiento entra en el registro de la institución incumplidora, esta dispone de 15 días hábiles desde el día siguiente a la recepción del aviso para suministrar la información exigida. Si tampoco entonces cumple su deber legal, entonces el Tesoro, previo aviso de la Audiencia, procede a congelar el 2% de los pagos. Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han recibido un segundo conminatorio por obstaculizar la fiscalización del sector público.

Fuente: La Opinión (Moisés Álvarez)