El Gobierno de Canarias resuelve otorgar los 6,9 millones de euros del 0,7% del IRPF a 147 proyectos sociales

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El Boletín Oficial de Canarias publica hoy viernes, 3 de mayo, la resolución por la que el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo concede a 137 entidades sociales las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su convocatoria de 2018.

Las subvenciones concedidas son aquellas que, cumpliendo los requisitos en concurrencia pública, han obtenido las mayores puntuaciones hasta agotar el crédito presupuestario relativo a cada área. En concreto, se conceden ayudas a un total de 147 proyectos con una financiación que asciende a 6.957.307,88 euros distribuidos en un total de diez áreas y que serán desarrollados por 137 entidades sociales del Tercer Sector, entre ellas, Cáritas, Cruz Roja, Obra Social de Acogida y Desarrollo, CEAR Canarias, Asociación Plena Inclusión, Asociación Síndrome de Down, Fundación Yrichen, Afate, Fundación Proyecto Bosco, etcétera. Las ayudas han sido distribuidas mediante convocatoria en concurrencia competitiva, que ha permitido, junto a los casi dos millones de euros más que en el año anterior, aumentar en número de entidades que obtienen financiación.

Las ayudas están destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad, en el ámbito competencial de Canarias y a ellas pueden acceder las asociaciones que tengan la consideración de entidades del tercer sector de acción social en los términos previstos en la ley 43/2015 de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales de análoga naturaleza.

En esta convocatoria se conceden ayudas, en concreto, a un conjunto de 23 proyectos dirigidos a la atención de personas mayores, por un montante global de 1.287.784,66 euros, que incluyen, entre otros, programas de promoción de envejecimiento saludable, formación y atención psicosocial para mayores Lgtbi, acompañamiento a mayores en soledad, apoyo temporal a familias con personas mayores a cargo, apoyo de ayuda a domicilio, atención a personas con funciones cognitivas deterioradas de vida e intervención terapéutica en personas con demencia.

En cuanto a la atención de personas en situación de vulnerabilidad social, se concede ayudas por un montante de 1.178.351,93euros a un total de 14 proyectos de atención a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellos, programas de prevención de la exclusión social, atención urgente a las necesidades básicas, programas de orientación sociolaboral para familias en situación de especial vulnerabilidad y atención a personas sin hogar.

Para el área de discapacidad, se otorga un partida global de 1.226.461,57 euros en ayudas para la financiación de 23 proyectos que incluyen apoyo al envejecimiento activo de personas con discapacidad, transporte de vehículos adaptados, apoyo a mujeres con discapacidad intelectual, promoción de la accesibilidad cognitiva, etc.

En el área de Infancia y Familia, se destinan 858.523,10 euros dirigidos a financiar un global de 20 proyectos para dar cobertura a programas como centros residenciales para jóvenes en transición a la vida adulta, promoción del éxito escolar en menores con dificultad social, programa de prevención del ciberacoso en adolescentes, atención integral a familias de menores con cáncer, programas de orientación psicosocial para familias en conflictividad, etc.

Además, se conceden ayudas por 490.584,63 euros a un total de 6 proyectos dirigidos a facilitar la integración social para inmigrantes y de acceso a asesoramiento jurídico y laboral, así como una ayuda de 98.812,04 euros a la promoción de los derechos de la población gitana.

En el área de voluntariado, se destina subvenciones por un montante de 391.772,59 euros a un conjunto de 18 proyectos que tienen como objetivo la promoción y formación del voluntariado y programas de trabajo en red y del trabajo asociativo.

Además, un total de 10 proyectos dirigidos a inclusión para jóvenes, inserción socio-laboral de jóvenes, capacitación profesional y retorno educativo contarán con ayudas por 306.615,39 euros.

En el ámbito de drogodepencias, son 4 los programas de apoyo, rehabilitación y prevención a personas afectadas por el juego patológico o programas de conéctate a la vida subvencionados por un montante de 98.710,81 euros, y se conceden 135.859,59 euros a dar cobertura a un conjunto de 9 proyectos dirigidos a la atención e inclusión de personas afectadas por la VIH.

En apoyo al pueblo gitano en Canarias para el trabajo en los derechos humanos y mediación intercultural se financia el único proyecto que concurre con 98.812,04 euros.

Por último, se han destinan 825.000 euros a financiar 19 proyectos concedidos en las áreas con necesidades en materia de inversiones que incluyen actuaciones de inversiones en centros de atención a personas mayores, programa ambulatorio para jóvenes, equipamiento de sedes sociales y recursos, inversión en la eliminación de barreras arquitectónicas, etc…

La concesión de subvenciones a entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, es una medida de la Administración General del Estado consolidada en el tiempo y arraigada en la sociedad española, que constituye una vía esencial de sostenimiento para la realización de programas de interés general y un instrumento de vertebración social en el marco de la asignación tributaria que los ciudadanos realizan en su declaración anual de la renta. Hasta el año 2016 la convocatoria de estas subvenciones se había realizado únicamente por la Administración del Estado, mediante las cuales se han financiado diversos programas de interés general de carácter social. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 9/2017, de 19 de enero, declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de la asignación tributaria del IRPF, al estimar que este modelo no se ajustaba al orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que se diseñó un nuevo sistema basado en la existencia de dos tramos: uno estatal y otro autonómico, ajustado al orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Las entidades cuentan con un plazo de 10 días para comunicar la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del citado plazo, se entenderá que la entidad interesada no acepta la subvención. El pago de las subvenciones se realizará de forma anticipada total a la concesión.