El Gobierno de Canarias acuerda con sindicatos y empresariado la mejora de la protección social y el empleo

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consolida hoy, con la firma de los acuerdos de Concertación Social, el consenso y el diálogo con los agentes sociales y económicos más representativos de Canarias para desarrollar medidas que permitan la mejora en materia de protección social, competitividad, absentismo, economía sumergida, empleo y seguridad laboral. Con la rúbrica de estos acuerdos, en cuyo contenido el Gobierno ha trabajado junto a los representantes sindicales y empresariales a lo largo del pasado año, se actualizan las medidas que contemplaban la anterior Concertación Social, a la nueva realidad económica y social de las Islas.

Se trata de documentos de diferente índole en los que se detallan una gran número de medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía y sociedad canaria, reducir el absentismo y erradicar la economía sumergida; una batería de propuestas compartidas para favorecer la empleabilidad; un compromiso de mejora de las herramientas de protección social y se formaliza la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el año 2020, como parte fundamental del bienestar social.

En materia de competitividad, se plantean 26 propuestas de carácter general como fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, potenciar un sistema de garantía de créditos, facilitar la transformación digital de los sectores productivos, fomentar el uso de energías renovables, atraer la inversión y también fomentar la internacionalización de las empresas canarias. Además se detallan otras 54 actuaciones de carácter sectorial como la reconversión del sector turístico, la mejora continua de la conectividad, la creación de plataformas comerciales, la mejora de los sectores agrícola, ganadero y de la actividad pesquera o el impulso del mercado audiovisual.

En cuanto a economía sumergida, se plantean 38 propuestas de actuación que van desde potenciar el asociacionismo, la realización de campañas informativas, implantación de programas en los centros educativos hasta flexibilizar las cargas y procedimientos administrativos, impulsar la colaboración de los agentes sociales y económicos con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, como los migrantes y las mujeres, que a menudo están sobre representados en los sectores afectados por el trabajo no declarado.

Para abordar el absentismo se proponen 22 propuestas como la creación de un observatorio, la implementación del teletrabajo, medidas de sensibilización y planes de incentivación y motivación entre otros.

En cuanto al acuerdo sobre Políticas activas de empleo, se plantean 25 actuaciones con el fin de adaptar la formación a las necesidades de las empresas, promover la teleformación, y la movilidad internacional, acciones dirigidas a fomentar el emprendimiento como generador de la actividad económica, y diferentes acciones de orientación profesional e intermediación laboral encaminadas a mejorar la empleabilidad y fomentar medidas que faciliten la contratación.

En cuanto el acuerdo de protección social, el nuevo texto contempla como objetivo principal, reducir la desigualdad en renta de las diferentes capas sociales, a través de una mejora de los instrumentos existentes y la constitución de una mesa técnica de trabajo que estudie y acuerde las mejoras necesarias en la actual Ley de Prestación Canaria de Inserción y realice una valoración de sus fortalezas y debilidades. Del mismo modo, la administración se compromete a incorporar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el Observatorio Canario de Servicios Sociales.

Los seis acuerdos también incluyen el desarrollo reglamentario de la Ley de Participación Institucional que permitirá el pleno desarrollo de la participación de los agentes sociales y económicos con mayor representatividad en Canarias. Este reglamento fijará su representación en todos los asuntos de relevancia con el objetivo de ayudar a a implementar políticas socioeconómicas que conlleven una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía ante los retos del momento histórico actual.

Desde el mes de marzo de 2017 el Gobierno de Canarias, a través del área que dirige la consejera Cristina Valido, ha celebrado reuniones mensuales para definir junto a sindicatos y empresarios nuevas líneas de actuación que hoy se formalizan.

El trabajo se organizó a través de cuatro mesas técnicas de trabajo sobre Competitividad, Absentismo y Economía sumergida; Políticas Activas de Empleo; Protección social y Participación Institucional, con participación de los representantes sindicales, las agrupaciones empresariales y miembros de la propia administración según sus competencias en las materias a tratar.

El objetivo ha sido diseñar nuevas líneas de actuación que se orienten a la mejora de la economía, la cualificación, la formación profesional, así como dar un respuesta a la ciudadanía más vulnerable y situaciones cronificadas en la sociedad tras varios años de recesión económica.​