El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Samuel Álvarez (PP), justifica la orden de embargo de 609.822 euros a la empresa propietaria del Mariposario del Drago para la ejecución subsidiaria de una reforma integral del inmueble «en cumplimiento de una sentencia judicial».
El propietario del Mariposario del Drago, José Antonio Plaza, responde que la sentencia no dice que sea necesario «reconstruir un mariposario, que es lo que prevé ese proyecto valorado en más de 600.000 euros, sino restablecer el orden urbanístico, y eso implicaría, como mucho, una demolición parcial o total».
Álvarez subraya que «no se trata de ningún error» y que «tampoco podemos asegurar que ese embargo», ejecutado por ahora parcialmente (sólo se han embargado 86.489 euros), «se vaya a suspender». Y añade que «lo único que hemos dicho es que si existe alguna posibilidad legal de suspensión hasta que se solucione el conflicto, la estudiaríamos».
Plaza lamenta que ese embargo «por anticipado» se haya reactivado después de más de tres años, «pese a que saben que ese proyecto que pretenden ejecutar de forma subsidiaria no es viable ni se ajusta a la sentencia».
El embargo se basa en un proyecto redactado en 2011 por el arquitecto David Valcárcel, y Plaza cuenta con un informe técnico, del arquitecto Ladislao Díaz, donde se indica que «la sentencia de lo Contencioso Administrativo plantea la demolición de las obras que no se ajustan al proyecto y a la licencia, no la reconstrucción del edificio, por lo que estimamos que ese proyecto se excede claramente del objetivo determinado por la sentencia».
El propietario considera que el Ayuntamiento de Icod de los Vinos debe decidir «si quiere que el Mariposario del Drago siga en el municipio o no».
