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AUP-Sí se puede denuncia el “bloqueo informativo” impuesto por el gobierno de San Juan de la Rambla sobre las cuentas municipales

San Juan de la Rambla

Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede denuncia el bloqueo informativo impuesto por el grupo de gobierno socialista del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ante su demanda de información sobre la cuenta general de 2015.

La cuenta general es un conjunto de documentos sobre la situación de los bienes y derechos del Ayuntamiento, de su financiación y de sus préstamos y deudas al final del año. En el pleno de diciembre de 2016, AUP-Sí se puede expresó por primera vez su demanda de información sobre la Cuenta General de 2015, que muestra todos los movimientos de ingresos, gastos, excedentes y pérdidas del Ayuntamiento.

El interés del grupo municipal ecosocialista es conocer en qué conceptos y qué cantidad se han gastado los dineros municipales, así como cuáles han sido los ingresos. La solicitud de información desde diciembre pasado se refiere a la Cuenta General de 2015, porque esta se cerró casi al final del año siguiente.

El concejal portavoz de AUP-Sí se puede en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Juan Siverio, destaca que el viernes 3 de este mes de marzo tuvo lugar una reunión de la Comisión de Cuentas en la que no estuvo presente el concejal de Hacienda y que se convocó con un solo punto en la agenda del día, sobre precios públicos, mientras que no se atendió la reclamación de información por parte del grupo ecosocialista.

Además de la petición de información en el pleno, el 10 de enero el grupo municipal solicitó la misma información a través de un documento registrado en la corporación. Asimismo, en febrero, por esta misma vía, pidió los datos de ejecución presupuestaria trimestral del cuarto trimestre de 2016.

En concreto, AUP-Sí se puede pidió información individualizada sobre la naturaleza de todos los gastos incluidos en los conceptos de derechos pendientes de cobro y facturas pendientes de aplicar al presupuesto de 2015. Además, reclamó un informe donde se acredite que no se ha incumplido los puntos “c, d y e” del Artículo 28. “Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria” de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Al respecto, el portavoz señaló en el pleno de diciembre situaciones que considera infracciones muy graves, según establece la citada ley, según los datos que se obtienen del documento de liquidación del presupuesto de 2015, que son los que crean la alarma que le lleva a pedir la información referida.

Las infracciones señaladas son, en primer lugar, el mantenimiento de una deuda financiera por importe de 23.091 euros al cierre del ejercicio 2015. No haber contado con esta deuda, relativamente menor, habría permitido en 2017 utilizar el remanente de tesorería en gasto corriente: social, prestación de servicios locales, deportivo, cultural, mayores subvenciones y ayudas, además de en inversiones financieramente sostenibles. Dado que la cantidad adeudada tenía un monto muy pequeño frente al Remanente de Tesorería de 421.793,73 euros, AUP-Sí se puede reclamó en diciembre la liquidación de esa deuda, lo que habría significado un gran beneficio para la ciudadanía.

Por otra parte, en la misma sesión plenaria, el grupo municipal ecosocialista destacó como infracción muy grave la existencia de un importe muy importante en la cuenta de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto por operaciones diversas, de varios años, cuantificado en 77.939,10 euros. Al respecto pidió entonces y continúa pidiendo que se aclare la naturaleza y composición de este saldo.

Finalmente, Siverio destaca que la existencia de pagos pendientes de aplicación al presupuesto de 2015 por importe de 65.000€, inexistente en el año anterior y de facturas pendientes de aplicar al presupuesto de 2015, que han pasado de 76.741,07 € a 122.513,54 €. En ambos casos, estos hechos son la demostración de que no se está siguiendo el trámite presupuestario previsto en la ley para tramitar los gastos y pagos. Especialmente, en el segundo de los casos supone una práctica totalmente irregular, que está penada por la ley con destitución y con inhabilitación como alto cargo o similar por un periodo de entre 5 y 10 años.

Finalmente, Siverio subraya que los derechos pendientes de cobro incrementaron de los 416.199,15 euros de 2014 a 1.117.663,10 euros de 2015, que solo puede atribuirse a mala gestión en materia de recaudación por parte del ayuntamiento. “Se debe aclarar las causas de esta importantísima reducción de la recaudación de impuestos, que ha supuesto una caída de los ingresos entre 2014 y 2015, además de explicarse qué actuaciones se han realizado para corregirlo”, asegura el concejal.

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